LA PATRIA MILAGRO EMPIEZA EN EL MAR: UNA NUEVA VISIÓN DEL ESTADO Y DE LA SOBERANÍA
Por Martín Eduardo Botero -Doctorado en (P.h.D) Experto Constitucionalista-
La soberanía no es solamente una herencia histórica que debemos preservar. Es una responsabilidad permanente que exige presencia del Estado, decisiones jurídicas y una nueva concepción de las relaciones internacionales.
Durante demasiado tiempo, Colombia ha contemplado su geografía marítima como una prolongación de su territorio continental, cuando en realidad constituye una dimensión fundamental de su identidad, su soberanía y su proyección internacional.
La alocución del presidente Abelardo de la Espriella, bajo el título "La Patria Milagro empieza en el mar", invita a una reflexión que supera ampliamente la cuestión territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nos sitúa ante una pregunta esencial: ¿qué significa ejercer verdaderamente la soberanía en el siglo XXI?
La respuesta exige revisar nuestra manera de comprender el Estado, sus responsabilidades y su posición en el orden internacional.
La soberanía como ejercicio permanente del Estado.
La soberanía no puede reducirse a una proclamación constitucional ni a la evocación de derechos históricos. Su verdadera dimensión se manifiesta en la capacidad de las instituciones para adoptar decisiones, garantizar su continuidad y proyectar legítimamente la autoridad del Estado sobre los espacios que le corresponden.
El artículo 101 de la Constitución Política ofrece un fundamento esencial para esta reflexión. Colombia no es únicamente su territorio continental. Su configuración constitucional comprende también sus islas, archipiélagos y espacios marítimos, conforme a los términos establecidos por la propia Constitución y el derecho internacional.
Esta dimensión marítima debe dejar de ocupar un lugar secundario en la concepción del Estado.
No se trata simplemente de defender lo que Colombia posee. Se trata de comprender lo que Colombia es. Y esa comprensión tiene consecuencias jurídicas, económicas, estratégicas y diplomáticas.
Del Estado que reacciona al Estado que actúa.
Uno de los grandes desafíos históricos de nuestras instituciones ha sido superar una cultura administrativa predominantemente reactiva.
Con frecuencia, los asuntos de soberanía adquieren relevancia nacional cuando surge una controversia internacional, una decisión judicial o una circunstancia que obliga al Estado a pronunciarse.
Pero una nación no puede construir su política exterior únicamente a partir de las controversias que enfrenta.
La soberanía exige previsión, continuidad institucional y capacidad de iniciativa.
En este contexto adquiere particular significado el anuncio presidencial de expedir, el próximo 30 de noviembre, el instrumento jurídico destinado a establecer las líneas de base marítimas del archipiélago.
La referencia a la Ley 10 de 1978 nos recuerda que las decisiones legislativas necesitan una administración capaz de convertirlas en actuaciones concretas, dentro del ordenamiento constitucional y de las obligaciones internacionales de Colombia.
La importancia del anuncio trasciende, por tanto, su contenido técnico.
Representa una oportunidad para reivindicar una concepción del Estado que no se limita a administrar lo existente, sino que identifica sus responsabilidades históricas y actúa para cumplirlas.
Una nueva concepción de las relaciones internacionales.
La política exterior contemporánea no puede entenderse exclusivamente como un sistema de relaciones diplomáticas, declaraciones conjuntas y participación en organismos multilaterales.
Es también el espacio donde los Estados proyectan sus intereses legítimos, ejercen sus derechos y contribuyen a la construcción del orden jurídico internacional.
En ese escenario, Colombia necesita una diplomacia que combine tres elementos inseparables: seguridad jurídica, iniciativa política y presencia internacional.
La seguridad jurídica proporciona fundamento y credibilidad a las decisiones nacionales.
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