PORTE DE ARMAS: UNA DISCUSIÓN QUE COLOMBIA APLAZÓ DURANTE SIETE AÑOS
Por Martín Eduardo Botero -Doctorado en (P.h.D) Experto Constitucionalista-
En enero de 2019 publiqué en Las2orillas un artículo titulado Derecho a la defensa personal ante la actividad criminal, el delito y la inseguridad.
Planteaba entonces una ecuación que consideraba difícil, pero inevitable: cómo conciliar el derecho de los ciudadanos a proteger su vida, su integridad y sus bienes frente a la criminalidad con la obligación del Estado de controlar rigurosamente la adquisición, tenencia y utilización de armas de fuego.
Siete años después, esa discusión regresa al centro del debate nacional.
El presidente Abelardo De La Espriella acaba de firmar el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
Conviene comenzar por aquello que el decreto no hace.
No establece el libre porte de armas. No elimina los permisos. No suprime los controles estatales. No convierte la adquisición de un arma en un derecho absoluto.
Tampoco autoriza a portar un arma a quien tenga un permiso vencido, suspendido, cancelado o revocado, ni a quien esté sometido a una prohibición legal o judicial.
Lo que determina es otra cosa: la suspensión general que había convertido la prohibición en regla incluso frente a personas que contaban con una autorización individual vigente.
Y esa diferencia jurídica es esencial.
En 2019 sostuve que las armas de fuego no podían tratarse como un producto cualquiera. Defendí controles estrictos, evaluación de las condiciones personales de quien pretende acceder a ellas, registros adecuados, intercambio de información entre autoridades y una acción mucho más contundente contra el tráfico y la posesión ilegal.
Pero advertí también que una política de seguridad no podía terminar tratando al ciudadano que se somete voluntariamente a los controles del Estado como si fuera equivalente al delincuente que adquiere y utiliza un arma al margen de la ley.
Esa distinción sigue siendo válida.
El verdadero problema colombiano nunca ha sido exclusivamente la existencia de armas legalmente registradas. Es el inmenso universo de armas ilegales que alimenta organizaciones criminales, narcotráfico, terrorismo, extorsión, homicidios y delincuencia común.
Por eso resulta jurídicamente discutible pretender combatir ese fenómeno restringiendo de manera general a quien precisamente se presenta ante el Estado, acredita requisitos, acepta controles y solícita una autorización.
La ilegalidad no se combate restringiendo indiscriminadamente la legalidad.
El Estado debe controlar. Y debe hacerlo rigurosamente.
Debe determinar quién puede portar un arma, bajo qué circunstancias, durante cuánto tiempo y sometido a qué condiciones. Debe excluir a quien represente un riesgo para sí mismo o para terceros. Debe poder suspender, cancelar o revocar permisos. Debe impedir que las armas lleguen a menores, delincuentes, organizaciones criminales o personas que no reúnan las condiciones necesarias.
Pero una cosa es controlar y otra muy diferente prohibir como principio general.
Ese es probablemente el aspecto más interesante del cambio anunciado.
La diferencia es que, siete años después, Colombia ha decidido volver a discutirla desde otra perspectiva.
El éxito o fracaso de esta política no deberá medirse mediante consignas ideológicas.
Tendrá que medirse con resultados: número y características de los permisos concedidos, controles practicados, infracciones detectadas, armas ilegales incautadas y evolución de los delitos cometidos con armas de fuego.
La política pública debe poder corregirse cuando la evidencia lo aconseje.
No se trata de escoger entre una sociedad armada y una sociedad indefensa. Se trata de construir un Estado suficientemente fuerte para controlar rigurosamente las armas legales, perseguir implacablemente las ilegales y comprender que la seguridad y la libertad no tienen por qué ser enemigos cuando ambas están sometidas al imperio de la ley.
Amén 🙏
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