LA PAZ DEBE TRADUCIRSE EN REALIDADES CONCRETAS
Cancillería Colombiana
"Para nuestros campesinos, nuestros trabajadores, nuestros niños y nuestra Fuerza Pública, la paz ha sido inexistente".
Esta fue una afirmación del canciller Omar Bula durante su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Bula señaló que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los integrantes de grupos armados ilegales en Colombia se quintuplicaron, pasaron de 6000 a casi 30.000 y que sus estructuras armadas se fragmentaron y se reconfiguraron, ocuparon nuevos territorios y fortalecieron sus vínculos con economías criminales transnacionales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el contrabando.
También señaló que el Estado colombiano enfrenta simultáneamente al Eln, el Clan del Golfo, a docenas de estructuras disidentes de las antiguas Farc, así como a redes criminales regionales y transnacionales.
Uno de los puntos que destacó fue el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Según explicó, las Naciones Unidas han verificado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300 por ciento en cinco años. Solo entre 2023 y 2024, el incremento fue del 64%.
Ante este panorama, el canciller afirmó:
"La Seguridad no es contraria a la paz; constituye una condición indispensable para alcanzarla. Sin Seguridad no hay paz".
Qué está proponiendo Colombia?
El canciller fue claro en señalar que la implementación del Acuerdo Final constituye un compromiso del Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes.
Al mismo tiempo, Colombia propone focalizar el mandato de la Misión Verificación a partir de esa realidad.
La propuesta contempla que la reincorporación y las garantías de seguridad continúen bajo Verificación Internacional, por estar directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las Farc-EP hacia la vida civil.
Frente a la Reforma Rural Integral, el canciller explicó que tiene una naturaleza distinta y que su implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano.
La propuesta, aclaró, no es modificar la obligación sustantiva del Estado ni el apoyo de nuestros socios, sino el mecanismo extraordinario de verificación.
La posición presentada por Colombia ante este órgano parte de una convicción expresada al cierre de la intervención:
La paz debe traducirse en realidades concretas para la vida de los colombianos.

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