¡NO, SEÑOR JUEZ!
Por Martín Eduardo Botero -Doctorado (Ph.D) Experto Constitucionalista-
La expresión política presidencial ante la captura de una persona requerida por delitos de extrema gravedad debe examinarse atendiendo a su contexto institucional, a la existencia de actuaciones judiciales previas y a la naturaleza de la manifestaciones realizadas.
La utilización de un lenguaje vehemente u ofensivo no permite concluir, de manera automática, que exista una vulneración constitucional de la dignidad humana. Tal conclusión requiere una valoración motivada del contenido, las circunstancias y la intensidad de la conducta, distinguiendo la censura política de la criminalidad de una atribución anticipada de responsabilidad penal.
La protección de la dignidad humana no confiere a una persona un derecho absoluto a quedar al margen de toda expresión pública de censura moral.
La legalidad de la captura, una vez declarada judicialmente, debe distinguirse del examen de los acontecimientos posteriores. Las eventuales irregularidades en el tratamiento público del detenido requieren una respuesta jurídica propia, sin que de ellas pueda deducirse automáticamente la invalidez del procedimiento de captura.
La Constitución protege la dignidad humana. También protege la libertad de expresión. El deber del intérprete es armonizarlas mediante razones jurídicas, no sacrificar automáticamente una en nombre de la otra.
La autoridad del Estado encuentra sus límites en la Constitución. También la interpretación judicial debe encontrar en ella su fundamento.
Señor juez: la severidad del lenguaje presidencial merece un examen constitucional cuidadoso. Pero su carácter ofensivo no basta, por sí solo, para resolver si existió una vulneración de derechos fundamentales.
Amén
¡NO, SEÑOR JUEZ!
La libertad de expresión presidencial no puede confundirse con una sentencia penal.
La captura de alias "Primo Gay", señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, y requerido por las autoridades por delitos de extrema gravedad, ha provocado una controversia que merece una profunda reflexión constitucional.
Un juez de control de garantías, después de declarar legal la captura, ordenó compulsar copias para que se examine la conducta del presidente Abelardo De La Espriella, quien confrontó verbalmente al detenido con expresiones de indignación y rechazo.
Pero ¿desde cuando la severidad de una expresión política constituye, por sí misma, una vulneración de la dignidad humana?
El artículo 20 de nuestra Constitución reconoce la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones. Esa garantía no desaparece cuando quien habla es el presidente de la República.
El jefe de Estado puede condenar enérgicamente la criminalidad, expresar indignación frente a los atentados contra la Fuerza Pública y manifestar públicamente su rechazo a quienes las autoridades señalan como responsables de actos de extrema violencia.
En este caso existe una circunstancia que no puede ignorarse: el presidente intervino después de la captura, cuando los detenidos ya se encontraban bajo custodia de las autoridades. La legalidad de la detención fue posteriormente reconocida por el propio juez.
No estamos, por tanto, ante una orden presidencial de captura ni ante el ejercicio de una función jurisdiccional.
Una declaración política no adquiere naturaleza de sentencia simplemente porque la pronuncie el presidente de la República.
Las expresiones utilizadas fueron ciertamente duras. Algunas, incluso, ofensivas. Pero el derecho constitucional exige distinguir entre la incorrección del lenguaje, la censura moral de la criminalidad y la vulneración jurídicamente relevante de un derecho fundamental.
La dignidad humana pertenece a todas las personas, incluso a quienes enfrentan las acusaciones más graves. Nadie puede ser privado de ella por sus antecedentes o por la naturaleza de los delitos investigados.
Sin embargo, reconocer esa garantía no significa que toda expresión de indignación de una autoridad pública constituya automáticamente un trato degradante. El análisis debe ser concreto, contextual y proporcional.
También debe distinguirse entre recordar públicamente los delitos atribuidos por las autoridades a un capturado y establecer judicialmente su culpabilidad. La primera actuación puede formar parte de la comunicación política; la segunda corresponde exclusivamente a los jueces.
La presunción de inocencia es una garantía procesal fundamental, no una prohibición absoluta de expresar rechazo político frente a la criminalidad.
La controversia exige, entonces, una pregunta jurídicamente precisa:
¿En qué consistió la afectación constitucional concreta que el juez atribuyó a las expresiones presidenciales y a la exhibición pública de los detenidos?
La respuesta no puede descansar únicamente en la consideración de que las palabras fueron despectivas.
Debe examinarse su contenido, el contexto, la situación de custodia y la intensidad de la eventual afectación, distinguiendo además las expresiones verbales de las decisiones relativas a la exposición ante los medios de comunicación.
La compulsa de copias no constituye una declaración de responsabilidad. Pero la motivación judicial que la acompaña sí puede ser objeto de análisis y crítica doctrinal.
La independencia judicial no significa que los razonamientos de los jueces estén exentos de examen público. Como toda manifestación del poder, deben poder discutirse mediante argumentos jurídicos y dentro del respeto institucional.
La verdadera fortaleza del Estado de derecho consiste en aplicar las garantías con rigor, sin confundir la indignación política con una condena judicial ni la protección de la dignidad humana con la inmunidad frente a la crítica pública.
Amén

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