(PRIMERA PARTE)
NO HAN PASADO CIEN DÍAS. HAN PASADO DIECESÉIS
Por Martín Eduardo Botero -Doctorado (P.h.D) Experto Constitucionalista-
PRIMERO, GOBERNAR
Dieciséis días no alcanzan para transformar un país. No alcanzan para corregir décadas de errores, desmontar estructuras burocráticas, recuperar instituciones debilitadas ni resolver los enormes problemas económicos, sociales y de seguridad que recibió el nuevo Gobierno.
Pero dieciséis días sí alcanzan para observar una dirección.
Y eso es precisamente lo que Colombia debería comenzar a analizar.
No desde la propaganda. No desde la oposición automática. No desde la ansiedad de quienes pretenden exigir en dos semanas los resultados que durante años consideraron imposibles.
Sino desde los hechos.
El presidente de la República no fue elegido para comentar permanentemente la realidad nacional. Fue elegido para gobernarla.
La Constitución le entrega la dirección del Estado, la conducción de las relaciones internacionales, la responsabilidad sobre la administración pública y la obligación de garantizar que las instituciones funcionen.
Y en estos primeros dieciséis días comienza a percibirse una idea elemental que Colombia parecía haber olvidado: el poder ejecutivo existe para ejecutar.
DEL ANUNCIO AL RESULTADO
Durante demasiado tiempo la política colombiana confundió gobernar con anunciar.
Se anunciaban reformas.
Se anunciaban inversiones.
Se anunciaban revoluciones administrativas.
Se anunciaban transformaciones históricas.
Después llegaban los discursos, las ceremonias, las fotografías y las explicaciones.
Los resultados podían esperar.
La nueva Presidencia parece querer invertir esa lógica.
Primero fijar objetivos.
Después asignar responsabilidades.
Luego exigir resultados.
Y finalmente evaluar.
No se trata simplemente de cambiar funcionarios. Se trata de comenzar a modificar una cultura administrativa en la cual demasiadas veces nadie respondía por nada.
Un ministro debe responder por su ministerio.
Un director debe responder por su entidad.
Un embajador debe responder por su misión.
Un funcionario debe poder explicar qué hizo, qué resultados produjo y qué valor generó para el Estado.
Eso no debería ser revolucionario.
Debería ser normal.
Pero en Colombia, después de décadas de burocracia defensiva y responsabilidades diluidas, recuperar la normalidad puede convertirse en una verdadera transformación.
UN ESTADO QUE NO OBSTACULICE
Hay además otra señal que merece atención.
El Estado no puede seguir comportándose como enemigo de quien produce.
Colombia necesita empresarios que inviertan, ciudadanos que creen empresas, capital extranjero que llegue, exportadores que conquisten mercados y emprendedores que generen empleo.
La administración pública debería facilitar ese proceso, no convertirlo en una carrera de obstáculos.
Por eso será importante observar qué ocurre con entidades como ProColombia, con las agencias de promoción, con las embajadas y con toda la arquitectura estatal encargada de proyectar económicamente al país.
Una embajada moderna no puede limitarse al protocolo.
Debe abrir mercados.
Debe identificar inversiones.
Debe acompañar empresas colombianas.
Debe construir relaciones con universidades, centros tecnológicos, gobiernos, cámaras de comercio y grandes grupos económicos.
Debe producir resultados verificables.
La diplomacia del siglo XXI también se mide en inversión, comercio, tecnología, conocimiento y oportunidades.
Amen
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