NI NEGACIONISMO NI CAZA DE BRUJAS
Por Martín Eduardo Botero -Doctorado (P.h.D) Experto Constitucionalista-
Ante cada incendio grave, el nuevo Gobierno debería ordenar tres investigaciones simultáneas.
La primera, técnica: dónde comenzó el fuego, cuál fue el punto de ignición, cómo se propagó y si existen elementos compatibles con una acción deliberada.
La segunda, penal: si hubo dolo, quiénes fueron los autores materiales, quién ordenó, quién financió y cuál era la finalidad.
La tercera, la inteligencia criminal: establecer si diferentes incendios presentan patrones comunes, coincidencias temporales, territoriales, financieras u operativas.
Y solamente cuando la evidencia lo permita debe avanzarse hacia las responsabilidades correspondientes.
Por eso la respuesta que necesita Colombia no consiste únicamente en comprar más helicópteros o aumentar el número de bomberos, aunque ambas cosas puedan ser necesarias.
Necesita también inteligencia, Fiscalía, Policía Judicial, análisis financiero, tecnología satelital, drones, cooperación internacional y coordinación entre autoridades ambientales y de seguridad.
Italia utiliza incluso monitorización satelital y drones como herramientas para estudiar los incendios y sus efectos.
Amén.
CUANDO INCENDIAR DEJA DE SER PROTESTA Y SE CONVIERTE EN CRIMEN
Por Martín Eduardo Botero -Doctorado (P.h.D) Experto Constitucionalista-
Colombia enfrenta una realidad que exige abandonar de una vez por todas la ingenuidad.
Un incendio puede ser producto de la naturaleza. Puede nacer de una imprudencia. Puede propagarse con una velocidad extraordinaria por sequía, viento y condiciones climáticas extremas.
Y cuando alguien deliberadamente prende fuego para destruir, intimidar, generar caos, afectar infraestructura, atacar a la población o imponer mediante el miedo una determinada finalidad, el Estado no está simplemente frente a una emergencia: está frente a una conducta criminal cuya naturaleza, autores, financiación y propósito deben ser investigados.
Europa lo sabe desde hace años.
Italia constituye un ejemplo particularmente instructivo. Allí los incendios forestales no son analizados únicamente como fenómeno climático. Existe investigación criminal especializada, intervención de los Carabinieri Forestal, seguimiento territorial y un delito específico de incendio forestal doloso que puede comportar penas de prisión muy severas. En 2026 los propios Carabinieri continúan investigando incendios intencionales y ejecutando condenas por este delito.
Los números ayudan a comprender por qué. Según el informe Italia in Fumo 2025 de Legambiente, elaborado utilizando datos de los Carabinieri y cuerpos forestales, durante 2024 fueron registrados 3.239 delitos relacionados con incendios forestales y de vegetación, 459 personas fueron denunciadas y 14 arrestadas. Y dentro de las noticias de delito examinadas por los Carabinieri Forestal predominaban los incendios forestales dolosos 1.197 de 2.612.
Amén
No hay comentarios:
Publicar un comentario