LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL YA ENTRÓ AL DERECHO PENAL
Por Martín Eduardo Botero -Doctorado (P.h.D) - Experto Constitucionalista-
Mientras buena parte de América Latina continúa discutiendo la inteligencia artificial como un asunto del futuro. Europa comienza a resolver una cuestión mucho más incómoda. ¿qué ocurre cuando la inteligencia artificial entra en una investigación penal, identifica a una persona, orienta una decisión policial o contribuye a producir un daño?
Italia acaba de dar un paso que merece ser estudiado con atención en Colombia.
El Decreto Legislativo 160 de 2026 adapta el ordenamiento italiano al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial en materias particularmente sensibles: actividad policial, investigaciones penales, identificación biométrica y responsabilidad civil y penal.
No estamos ya ante declaraciones éticas sobre algoritmos.
Estamos entrando en el territorio de la responsabilidad jurídica.
Y allí aparece una pregunta decisiva: ¿quién responde cuando detrás de una decisión humana existe una decisión algorítmica?
El problema es mucho más profundo de lo que parece.
Durante siglos, el Derecho penal construyó sus categorías alrededor de conductas humanas: acción, omisión, dolo, culpa, causalidad, previsibilidad y dominio del hecho. Pero un sistema de inteligencia artificial introduce un nuevo intermediario entre la voluntad humana y el resultado.
Puede recomendar.
Puede clasificar. Puede reconocer un rostro.
Puede establecer correlaciones. Puede seleccionar información relevante entre millones de datos. Puede incluso orientar la atención de un investigador hacia una determinada persona.
La máquina no comparecerá ante un tribunal.
Por eso el legislador italiano introduce un criterio particularmente sugestivo: al determinar la responsabilidad relacionada con sistemas de inteligencia artificial debe considerarse el nivel efectivo de control que el agente ejercía sobre el sistema.
Es una idea destinada a ocupar buena parte de la discusión jurídica de los próximos años.
Porque quizá la pregunta fundamental dejará de ser únicamente quién ejecutó materialmente una conducta y comenzará a ser también quién diseñó el sistema, quién lo alimentó con información, quién podía supervisarlo, quién estaba obligado a intervenir y quién conservaba, en último término, el control efectivo sobre su funcionamiento.
Pero existe otro problema todavía más delicado: la prueba penal.
¿Qué sucede cuando una investigación comienza porque un algoritmo identificó una coincidencia biométrica?
¿Qué valor tiene esa inferencia?
¿Cómo puede controvertirla la defensa?
¿Debe conocerse el funcionamiento del sistema que produjo el resultado?
¿Quién responde por datos incorrectos, incompletos o sesgados?
¿Puede una persona ejercer plenamente su derecho de defensa frente a una conclusión cuyo proceso de elaboración desconoce?
Italia comienza precisamente a introducir la inteligencia artificial dentro de las garantías tradicionales del proceso. Su regulación exige que su utilización respete, entre otros principios, el derecho de defensa, la proporcionalidad, la no discriminación, la transparencia y la protección de los datos personales.
La enseñanza es importante.
La inteligencia artificial no elimina las garantías del Estado de Derecho. Las hace más necesarias.
Un algoritmo puede procesar en segundos información que requeriría meses de trabajo humano. Puede convertirse en una extraordinaria herramienta contra el crimen organizado, el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas o la criminalidad transnacional.
Renunciar a esas capacidades sería absurdo. Pero igualmente absurdo sería aceptar que la eficacia tecnológica pueda sustituir la responsabilidad humana.
(Sigue)
Amen
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